ADAME GARCÍA, JORGE CARLOS
En el contexto del sistema federalista, cada pueblo debería proveerse a sí mismo leyes análogas a sus costumbres, dar a la industria todo el impulso que sea posible, satisfacer sus necesidades en proporción con los adelantos y poner la administración pública en manos de sujetos amantes de su tierra con conocimientos y experiencia suficientes. La distribución de las atribuciones entre el gobierno federal, los estados y municipios que la integran se encuentra ya establecida en la Constitución, pero sin consecuencias claras en la práctica de la política de todos los días. A lo largo de la historia de México la existencia del municipio ha sido intermitente. La Constitución de 1917 consagró por primera vez al municipio libre para poner fin al autoritarismo, a la intolerancia, la falta de experiencia para gobernar, para prevenir la falta de planes y la carencia de proyectos. Sin embargo, el poder del gobernador se ejerce prácticamente de manera absoluta sin que las comunidades tengan elementos considerables para que sean tomadas en cuenta sus características y necesidades. Esta obra parte de la idea de que es hora de reconocer al municipio la mayoría de edad y que es urgente que México abra una trinchera legalmente uniforme, con nuestros principios bien cimentados desde su unidad fundamental. Invirtiendo el orden que nos ha gobernado de arriba hacia abajo se reafirmaría inexorablemente el hasta ahora nebuloso pacto federal. La premisa anterior presupone una condición de iguales, de equidad entre las partes integrantes de la Federación o, cuando menos, de la búsqueda de ese equilibrio.
