CASTILLO LÓPEZ, JUAN ANTONIO
Hasta hace poco tiempo no existía nación alguna que hubiese incorporado a su estructura jurídica un régimen especial y autónomo, concebido únicamente para administrar justicia a los menores de edad señalados como perpetradores de conductas criminales. Si bien a través de la historia se observa una tendencia general a imponer castigos más severos a los individuos más jóvenes, las normas y procedimientos del Derecho Punitivo se han aplicado muchas veces por igual a menores y adultos: los mismos jueces e instituciones jurídicas, las mismas prisiones y hasta los mismos verdugos. En el caso de México, antes de 2005 no existía en nuestra Carta Magna la mínima referencia para crear un sistema integral de justicia de menores, la omisión era absoluta. El único antecedente que se encontraba era el párrafo cuarto del artículo 18 constitucional, el cual contempla como única solución la posibilidad de erigir instituciones especiales para el tratamiento de los menores infractores. Es decir, que, según este artículo, los menores que delinquieran debían de estar separados de los delincuentes adultos. Siguiendo esta tónica, se creó la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores (LTMI) en la que se observan severas violaciones a los principios de seguridad jurídica y legalidad, lo que produce un desfase jurídico e institucional de la justicia de menores. Este estudio aborda el tema de la justicia de menores en México. La nueva ley, desbordada por la realidad nacional y citadina, muestra profundos vacíos y graves deficiencias que deben ser analizados. La magnitud del problema es inquietante, la delincuencia juvenil crece notablemente, lo cual hace necesario obras como ésta en las que se alienta a hacer una revisión profunda de nuestras políticas criminales a nivel nacional.
