GARCÍA ROSAS, MARÍA VICTORIA
La presente obra tiene por objetivo llamar la atención del lector sobre un asunto que, si bien es antiguo, aún indigna a la sociedad: la trata de personas. Los factores que contribuyen a la existencia de este ilícito son de todo género: económicos, sociales, políticos, culturales y discriminantes en razón de género. Los elementos centrales comprenden el engaño, el sometimiento, la amenaza, la coacción, la violencia y el abuso de poder. En México la primera ley en torno a la trata de personas data de 2007, año en que por primera vez se considera este delito, cuya complejidad, manifiesta en varios momentos, ha devenido en un problema nacional que involucra cortes internacionales. En 2012 se promulgó la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en la que se establece el tipo penal y la conducta (delimitada en el artículo 10). En este libro se distingue entre la trata de personas y su explotación y tráfico. La trata termina cuando la explotación empieza. La trata de personas es un proceso mediante el cual se recluta a una persona para comercializarla; incluye desde la compra de mujeres, niños y niñas hasta su seducción y enganchamiento a las drogas. Por otra parte, la explotación se aborda en 11 fracciones señaladas en la propia ley. Se realiza un análisis de los ordenamientos jurídicos concernientes a este delito, así como de los convenios y tratados internacionales relativos al tema. De igual manera se estudia la estructura del delito y las formas de intervención, por lo que resulta necesario precisar los autores y partícipes de éste. También se examina la trata de personas dirigida a los menores, ya que la edad es muy importante respecto a este delito. El Código Penal Federal apunta una amplia gama de tipos penales, como corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio y tráfico de menores, en los que el problema se agrava con la intervención de las asociaciones delictuosas y la delincuencia organizada. La investigación de este delito debe ser integral, facilitar su persecución y posibilitar la protección y asistencia a las víctimas, los ofendidos y los testigos.
