BUEN UNNA, CARLOS DE
El 20 de enero de 2004 se publicó la Ley General de Desarrollo Social, que constituye un instrumento jurídico novedoso, al formular un cuerpo normativo que pretende condensar los objetivos y principios del desarrollo social; las políticas públicas correspondientes y los derechos y obligaciones fundamentales de los sujetos públicos y privados involucrados en ellas; la competencia de los órganos de gobierno; los fondos y recursos destinados al desarrollo social y las reglas sobre el financiamiento y gasto de los programas; las instituciones que conforman el sistema nacional creado para lograr los objetivos del desarrollo y la evaluación de la política nacional en la materia. Esta obra ofrece un profuso análisis de esta ley, enriquecido por la experiencia del autor como director general de Asuntos Jurídicos de la Sedesol, durante la primera mitad del sexenio foxista. Además de reflexionar a manera de introducción sobre los conceptos de desarrollo social, política social y asistencia social, así como en torno a los grandes modelos de desarrollo económico y social, el autor elabora un diagnóstico de la situación en México en este nuevo siglo respecto a diversos rubros condicionantes del desarrollo político y social, tales como educación, pobreza, corrupción, seguridad social, salud, trabajo y crecimiento económico. En la parte medular, hace referencia a algunos antecedentes del proceso legislativo que incidieron de forma favorable en los legisladores y en el propio gobierno para sacar adelante el proyecto de ley. También, revisa los objetivos de la Ley, los principios de desarrollo que la misma reconoce y su relación con otros cuerpos normativos, así como los sujetos activos y pasivos de políticas, programas y acciones de desarrollo social, evalúa sus reglas. Al analizar el Sistema Nacional de Desarrollo Social, destaca la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno y la adaptación e institucionalización de los mecanismos de coordinación y la participación de los sectores social y privado. Por último, da cuenta de la integración y de las atribuciones de la Comisión Nacional de Desarrollo Social y examina los argumentos que acreditan la constitucionalidad de la Ley.
